Equipos chilenos se preparan para la fase previa de Libertadores y Sudamericana

El ambiente de celebración por la victoria de Colo Colo se vio empañado por los graves incidentes que tuvieron lugar en el Bicentenario de La Florida. Después del partido entre Colo Colo y Audax Italiano, fanáticos del "Cacique" protagonizaron actos de vandalismo que dejaron tristes imágenes y pérdidas materiales en el recinto deportivo.

Durante el segundo tiempo del encuentro, desde el sector donde se encontraba la barra de los albos, comenzaron a caer papeles de manera intensa. Posteriormente se descubrió que un grupo de personas había accedido a una oficina municipal dentro del estadio y sustrajeron hojas junto a otros objetos de valor, como computadores y un proyector.

Además de los robos, se reportaron daños en las tribunas, en los baños y en un punto de venta dentro del estadio. Según estimaciones, el costo de las pérdidas asciende a cerca de 50 millones de pesos. Ante esta situación, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, expresó su indignación y tomó una decisión drástica.

En declaraciones realizadas en el programa "Marca Personal", el alcalde anunció que el contrato con Audax Italiano está suspendido y que el club tiene 24 horas para responder por los daños ocasionados en el estadio. Esta medida pone al equipo en una situación complicada, ya que no contarían con estadio para recibir a Huachipato el próximo 20 de mayo.

Carter había advertido previamente que, de no obtener una respuesta satisfactoria por parte del club, se presentaría una demanda civil. "El estadio es propiedad de todos los vecinos y de su Municipalidad. Y porque nuestra comuna tiene un profundo vínculo con Audax Italiano, hemos permitido, a través de un convenio de arriendo, que el club pueda jugar sus partidos de fútbol profesional en el estadio", afirmó el alcalde.

Asimismo, Carter criticó a la dirigencia de Audax Italiano y a las autoridades de seguridad por permitir la presencia de la barra brava en el estadio. Anunció que presentará una querella criminal contra las personas detenidas por los actos de violencia y saqueo.

​

​